sábado, 3 de noviembre de 2012

Los políticos imponen tasas hasta por ir al híper o hacer un pasacalles




Esta semana de Difuntos hemos ido conociendo, a medida que transcurrían los días, la implantación de impuestos y tasas cada vez más injustos y absurdos, a cargo de las diversos Gobiernos Autónomos y Ayuntamientos

Desde los 15 euros anuales que tendrán que pagar los propietarios de un caniche en Sant Feliu de Llobregat –ampliables a 35 euros para los perros de gran tamaño o raza peligrosa– hasta el mínimo de 76 euros que, por agente de la Policía Local, costará organizar en Córdoba un festejo en la vía pública, el catálogo de tasas es variopinto. 

En la antigua capital de califato, según leemos en Diario de Córdoba, la nueva tasa encarecerá notablemente los actos de peñas y vecinos. Y es que los colectivos tendrán que pasar por la ventanilla de pagos municipal por los cortes de tráfico y la vigilancia, a partir de enero. 

En el mencionado rotativo se precisa que la tasa se elevará a los 94 euros por agente cuando el acto sea nocturno o se celebre en festivo. Además “habría que sumar los servicios de los vehículos (6 euros las motos, 12 los turismos y 15 las furgonetas) y la intervención de mandos policiales”, subraya Diario de Córdoba. Se trata de una medida que, a buen seguro, tendrá acogida en otros muchos municipios. Al tiempo.

Y si fiestas y celebraciones populares ya están en el punto de mira, el insaciable afán recaudador de nuestra clase política tampoco iba a olvidarse de los turistas. Estos, dóciles y fáciles de exprimir, según deben pensar muchos concejales y consejeros autonómicos, van a sufrir en sus carnes nuevas tasas en Cataluña y Baleares.

En El Periódico de Catalunya leíamos, el pasado día 1, que en la comunidad gobernada por Artur Mas se estrenó el Día de Todos los Santos “el impuesto que grava las estancias en establecimientos turísticos”. Se trató de un inicio, según explicaba el mencionado diario, que además estuvo “marcado por una cierta improvisación a pesar de haberse aprobado por ley el pasado 20 de marzo”.

En el caso de Baleares, donde el Gobierno del PP presidido por José Ramón Bauzá ha calificado la introducción de nuevos impuestos como “una reforma fiscal verde”, tal y como leemos en El País, se ha creado un tributo sobre envases de plástico de bebidas no retornables de entre 5 y 8 céntimos por recipiente. Asimismo, habrá una nueva tasa por el uso de automóviles de alquiler, “en función de las emisiones contaminantes de los vehículos”.

Pero el ‘sablazo legal’ más peculiar, por llamarlo de alguna manera, es el que se impondrá a las grandes superficies comerciales de Baleares. Y es que tendrán que pagar un impuesto “contra el daño ambiental” –según explica El País– entre otras cosas por “la contaminación que generan los consumidores al usar el coche al acudir a la compra”. 

¿Cómo pretende el Gobierno de Baleares que se acuda a un hipermercado a llenar la despensa? ¿En una bicicleta con remolque? Y lo mejor es que este nuevo impuesto balear se destinará a “un fondo de desarrollo del pequeño comercio”. 

Contener la inflación –desbocada por los impuestos- va a ser así muy difícil. ¿O es que alguien puede creer que las tasas a los híper de Baleares y a las botellas de plástico, por ejemplo, no las van a acabar pagando los consumidores? Exactamente igual que el salvaje impuestazo de casi 5 céntimos por litro de gasóleo con el que son castigados, desde el día 1, los conductores de la Región de Murcia.

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