Esta
semana de Difuntos hemos ido conociendo, a medida que transcurrían los días, la
implantación de impuestos y tasas cada vez más injustos y absurdos,
a cargo de las diversos Gobiernos Autónomos
y Ayuntamientos.
Desde
los 15 euros anuales que tendrán que pagar los propietarios de un caniche en Sant Feliu de Llobregat –ampliables a
35 euros para los perros de gran tamaño o raza peligrosa– hasta el mínimo de 76
euros que, por agente de la Policía Local, costará organizar en Córdoba un festejo en la vía pública,
el catálogo de tasas es variopinto.
En
la antigua capital de califato, según leemos en Diario de Córdoba, la nueva tasa encarecerá notablemente los actos
de peñas y vecinos. Y es que los colectivos tendrán que pasar por la ventanilla
de pagos municipal por los cortes de tráfico y la vigilancia, a partir de
enero.
En
el mencionado rotativo se precisa que la tasa se elevará a los 94 euros por
agente cuando el acto sea nocturno o se celebre en festivo. Además “habría que
sumar los servicios de los vehículos (6 euros las motos, 12 los turismos y 15
las furgonetas) y la intervención de mandos policiales”, subraya Diario de
Córdoba. Se trata de una medida que, a buen seguro, tendrá acogida en otros
muchos municipios. Al tiempo.
Y
si fiestas y celebraciones populares ya están en el punto de mira, el
insaciable afán recaudador de nuestra clase política tampoco iba a olvidarse de
los turistas. Estos, dóciles y fáciles de exprimir, según deben pensar muchos
concejales y consejeros autonómicos, van a sufrir en sus carnes nuevas tasas en
Cataluña y Baleares.
En
El Periódico de Catalunya leíamos,
el pasado día 1, que en la comunidad gobernada por Artur Mas se estrenó el Día de Todos los Santos “el impuesto que grava las estancias en establecimientos turísticos”. Se trató de un inicio,
según explicaba el mencionado diario, que además estuvo “marcado por una cierta improvisación a pesar de haberse aprobado por ley el
pasado 20 de marzo”.
En
el caso de Baleares, donde el Gobierno del PP
presidido por José Ramón Bauzá ha calificado
la introducción de nuevos impuestos como “una reforma fiscal verde”, tal y como
leemos en El País, se ha creado un tributo
sobre envases de plástico de bebidas no retornables de entre 5 y 8 céntimos por
recipiente. Asimismo, habrá una nueva tasa por el uso de automóviles de
alquiler, “en función de las emisiones contaminantes de los vehículos”.
Pero
el ‘sablazo legal’ más peculiar, por llamarlo de alguna manera, es el que se
impondrá a las grandes superficies comerciales de Baleares. Y es que tendrán
que pagar un impuesto “contra el daño ambiental” –según explica El País– entre
otras cosas por “la contaminación que generan los consumidores al usar el coche
al acudir a la compra”.
¿Cómo
pretende el Gobierno de Baleares que
se acuda a un hipermercado a llenar la despensa? ¿En una bicicleta con
remolque? Y lo mejor es que este nuevo impuesto balear se destinará a “un fondo
de desarrollo del pequeño comercio”.
Contener la inflación –desbocada por los impuestos- va
a ser así muy difícil. ¿O es que alguien puede creer que las tasas a los híper
de Baleares y a las botellas de plástico, por ejemplo, no las van a acabar
pagando los consumidores? Exactamente igual que el salvaje impuestazo de casi 5 céntimos por litro de gasóleo con el que son
castigados, desde el día 1, los conductores de la Región de Murcia.
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