A este paso, nos cobrarán hasta por respirar. De momento, lo van a hacer por mear en la madrileña
estación de Atocha. Y todo se andará,
puesto que ADIF –tristemente conocida
por el accidente de Santiago– ha
adjudicado el servicio a una empresa holandesa. Y como estos son tan
eficientes, pues habrá que echarse a temblar. O, como diría un castizo, salir
de casa meado y cagado. Aunque la culpa la tenemos nosotros, que lo ponemos todo perdido.
Para colmo, y al paso que
vamos, allí donde no cobren por aliviarnos, tendremos que hacerlo a oscuras.
Porque el Gobierno ha decidido
alegrarnos la vida, desde el 1 de octubre, con otro estacazo al recibo de la
luz. Ahora, nos van a sablear un 3,1% más.
Quien piense que con él no
va lo de pagar por orinar, y que para eso está la calle, se puede ir atando los
machos. O abrochándose la bragueta. Porque la cosa se pone seria. En Salamanca, por ejemplo, desaguar en la
vía pública puede salir por 150 euros. Y la multa se dobla si el desconsiderado
orina en una zona catalogada como espacio patrimonial, que tratándose de esa
ciudad castellana resulta bastante normal.
En Zaragoza hasta no hace mucho, al meón le podían caer una multa de hasta
1.500 euros, que se sustituía por una prestación de servicios sociales,
alternativa que se ofrece en bastantes ciudades.
En la cruzada contra el
guarro, el Ayuntamiento asturiano de
Pola de Lena castiga con 750 euros a
los que escupen en la vía pública. Pero es que la Federación Española de Municipios y Provincias ya pidió hace tiempo
que cada esputo en la calle salga por 1.500 euros. Vamos, lo mismo que una
incontinencia severa.
Falta por ver si algún alcalde
instala detectores de pises en las piscinas públicas. Eso también se andará,
viendo la experiencia del Ayuntamiento de
Lepe, que aprobó una ordenanza en 2012 para castigar a los que orinaban en
la playa. 750 euros del ala, nada menos. Claro, que a ver quién recoge las
pruebas en mitad del mar.
En fin, somos así. Nosotros, unos guarros. Los que
mandan, además de sucios, disparatados.
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